- El plan tiene cuatro ejes estratégicos: mejora de la formación específica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, perfeccionamiento de los sistemas de prevención, atención a las víctimas, y eficacia y rigor en la respuesta
- Uno de los objetivos primordiales es reducir la infradenuncia de estos delitos, especialmente alta en los casos de discriminación y ataques en redes sociales
- La colaboración de ONG y asociaciones especializadas ha sido fundamental para identificar las necesidades específicas de los colectivos vulnerables y reflejarlas en un plan que pone de relieve la importancia de unos delitos especialmente lesivos para la calidad democrática
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado
este martes el primer Plan de acción contra los delitos de odio, una
guía estratégica que establece una amplia serie de medidas para
combatir la discriminación y las expresiones de odio contra colectivos
vulnerables por motivo de su origen nacional o étnico, sexo o género,
ideología, identidad sexual, religión, capacidades intelectuales o
físicas y situación socioeconómica, entre otras razones.
Aunque
cuantitativamente estos delitos no representen un porcentaje
significativo del total de infracciones penales cometidas en España, son
un objetivo prioritario del Gobierno por representar un ataque
especialmente grave contra los derechos humanos y los valores de
diversidad y pluralidad que sustentan la democracia.
El plan de
acción parte de la convicción de que la transcendencia de estos delitos
va más allá de su cuantía objetiva, puesto que al agredir a un miembro
de un colectivo susceptible de ser victimizado a causa de sus
especificidades se está atacando e intentando amedrentar al colectivo en
su conjunto.
Con el propósito de dar un nuevo impulso y marcar
una dirección estratégica en esta lucha, Grande-Marlaska ha presentado
en la sede del Ministerio del Interior un plan que incluye 47 medidas y
13 objetivos englobados en cuatro líneas de acción: formación en delitos
de odio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, prevención de
los incidentes y delitos, atención a las víctimas, y respuesta ante
estos incidentes y tipos penales.
El ministro del Interior ha
definido como "
una prioridad" la lucha contra la discriminación. "
En los
últimos años estamos viendo cómo avances en derechos que creíamos
consolidados se están poniendo en cuestión y prolifera el discurso del
odio hacia quienes no encajan en un modelo de sociedad monocolor y
sectario que algunos pretenden imponer", ha declarado Grande-Marlaska,
insistiendo en que "
los derechos nunca se dan por adquiridos y hay que
estar vigilantes".
El papel de las asociaciones contra el odio
La Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio queda reforzada
en su papel de organismo responsable de coordinar las medidas
contempladas por el plan. La Oficina depende de la Secretaría de Estado
de Seguridad y se constituye como la herramienta clave para el estudio y
análisis de los delitos de odio, así como para impulsar la colaboración
con otros departamentos ministeriales, Cuerpos policiales, organismos
públicos y privados, asociaciones y ONG.
La colaboración de ONG y
asociaciones especializadas ha sido especialmente importante para
identificar las necesidades específicas de los colectivos vulnerables y
reflejarlas en este plan. El documento plantea las bases para continuar
esta cooperación mediante una agenda permanente de reuniones con grupos
de la sociedad civil que sirvan para actualizar sus propuestas y
reivindicaciones.
Uno de los principales propósitos de este plan
es reducir la infradenuncia de delitos de odio, para lo que se pondrán
los medios necesarios que permitan poner en conocimiento de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad la mayor cantidad posible de agresiones a miembros
de colectivos en riesgo de ser victimizados. Este objetivo se ha
marcado tras adquirir constancia de que, pese a que este tipo de delitos
han aumentado, especialmente en Internet y redes sociales, no se
alcanzan las tasas de denuncias habituales en otros delitos a causa del
temor de los agredidos a sufrir la doble victimización que supone la
estigmatización o la divulgación de datos personales.
Por ese
motivo, uno de los propósitos del plan es generar vínculos de confianza
entre los miembros de colectivos vulnerables y las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, acercando la figura policial a los ciudadanos más proclives a
sufrir delitos de odio o discriminación y perfeccionando los sistemas
de protección de datos.
Combatir el odio en redes sociales
Otro de los objetivos del plan es trabajar en la sensibilización de los
distintos sectores de la sociedad civil, fomentando la colaboración
activa con más ministerios y apostando por la difusión de acciones
educativas que sirvan para conocer y prevenir estos delitos.
Para lograr estos objetivos se entiende como fundamental un
conocimiento profundo de los delitos de odio y sus dinámicas de acción y
propagación. Con este fin, el plan perfecciona los sistemas de recogida
y tratamiento de datos estadísticos. Igualmente, otorga una especial
relevancia a los estudios sobre esta tipología penal e instituye
numerosos cauces de colaboración y participación tanto en
investigaciones académicas como en foros internacionales especializados.
Fruto de los primeros estudios, el plan incluye el desarrollo de
procedimientos y herramientas digitales destinadas a contrarrestar los
delitos y el discurso del odio en redes sociales.
Las enseñanzas
obtenidas de estas tareas de investigación tendrán un lugar importante
dentro de los contenidos curriculares específicos sobre protección de
derechos humanos y atención a colectivos vulnerables que entrarán dentro
de los planes de formación y de formación continua de Policía Nacional y
Guardia Civil.
La ejecución del plan será inmediata y estará
vigente hasta finales del año 2020. Los recursos económicos asociados a
su puesta en marcha durante 2019 suman 472.500 euros.
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