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Fotografía Asensio Domenech - Archivo, antiguo mercadillo semanal Plaza Diputación.
- Gabriela Bravo traslada a la Federación Valenciana de Municipios los detalles de la resolución para que puedan abrir la puestos de venta ambulante de bienes de primera necesidad
La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, a través del Centro de Coordinación Policial de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (CEMPOL), coordinará con las 258 policías locales de la Comunitat Valenciana la apertura de los mercadillos de alimentación a partir del próximo 30 de abril, tal y como establece la resolución emitida por la Conselleria de Sanidad en la que se recogen las recomendaciones en materia de seguridad elaboradas por la Conselleria de Justicia.
En este sentido, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha explicado a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que las policías locales deben controlarán la disposición de los puestos y que estos podrán ser única y exclusivamente propiedad de comerciantes minoristas y dedicados a la venta de alimentación y bienes de primera necesidad. En la reunión por videoconferencia han participado también el conseller de Economía, Rafael Climent, y la de Agricultura, Mireia Mollà.
Gabriela Bravo ha explicado que las corporaciones locales de seguridad han de asegurarse que los puestos deben estar separados por una vía de tránsito y con una distancia mínima entre ellos de 6 metros. Los vendedores deberán estar separados dos metros entre ellos y respecto a los clientes y, en el caso de que el puesto fuera demasiado pequeño, solo se permitiría un vendedor o vendedora.
Bravo ha defendido que esta medida era necesaria porque en muchos municipios los mercadillos ambulantes constituyen un importante canal de distribución de alimentos y, a la vez "activar nuestra economía y, sobre todo en el ámbito de la agricultura y garantizar también el cumplimiento de las normas para garantizar la salud de todos".
En este sentido, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha explicado a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que las policías locales deben controlarán la disposición de los puestos y que estos podrán ser única y exclusivamente propiedad de comerciantes minoristas y dedicados a la venta de alimentación y bienes de primera necesidad. En la reunión por videoconferencia han participado también el conseller de Economía, Rafael Climent, y la de Agricultura, Mireia Mollà.
Gabriela Bravo ha explicado que las corporaciones locales de seguridad han de asegurarse que los puestos deben estar separados por una vía de tránsito y con una distancia mínima entre ellos de 6 metros. Los vendedores deberán estar separados dos metros entre ellos y respecto a los clientes y, en el caso de que el puesto fuera demasiado pequeño, solo se permitiría un vendedor o vendedora.
Bravo ha defendido que esta medida era necesaria porque en muchos municipios los mercadillos ambulantes constituyen un importante canal de distribución de alimentos y, a la vez "activar nuestra economía y, sobre todo en el ámbito de la agricultura y garantizar también el cumplimiento de las normas para garantizar la salud de todos".
